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Fuente: http://www.ecoagricultor.com/2013/08/hasta-60-millones-de-euros-de-multa-para-quienes-se-autoabastezcan-de-electricidad-sin-pagar-a-iberdrola/

http://www.euribor.com.es/2013/07/31/la-factura-de-la-luz-podria-subir-hasta-un-50-en-las-viviendas-con-menos-consumo-segun-la-ocu/

 

Hasta 60 millones de euros de multa para quienes se autoabastezcan de electricidad sin pagar a Iberdrola

La nueva reforma energética del Gobierno tendrá muchos efectos colaterales. Entre ellos la de crear un nuevo colectivo de forajidos: los “delincuentes solares”. Así se desprende del Real Decreto (RD) sobre autoconsumo y producción con autoconsumo hecho público. En el mismo, quien tenga una placa solar en su tejado o cualquier otro sistema de producción de electricidad renovable propio deberá registrarse para empezar a pagar el nuevo “peaje de respaldo” (término acuñado por Iberdrola). Quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros.

Es evidente la desproporción de la medida y solo puede responder a la exigencia de las grandes compañías eléctricas, con Iberdrola a la cabeza (#Tepillamosiberdrola). La intención es cortar de raíz cualquier posibilidad de autonomía energética de los consumidores, lo que iría en contra de los intereses económicos de Iberdrola y del resto de compañías de UNESA. Ya solo faltaría que cada vez más ciudadanos se pusieran a generar su propia electricidad en casa (que ahora es más barata) y dejarán de consumir la que procede de las centrales térmicas de gas, carbón o nucleares de estas grandes empresas. ¡Qué osadía!

Este RD tendrá consecuencias. La primera: muchas personas directamente quitarán las placas solares de sus tejados. Aunque también, tendrá el efecto contrario: hará que otros decidan no cumplir la norma y pasarán a ser considerados como delincuentes solares. A pesar de que el sol pertenece a todos, España pasará a ser el primer país del mundo donde éste no pueda usarse libremente. Y esto gracias a Iberdrola y a UNESA. Pero lo peor es que ha sido ratificado mediante texto legal por nuestro Gobierno.

Por desgracia el RD sobre autoconsumo no es el único que pretende terminar con el futuro renovable y sostenible de nuestro país. En dos semanas el Gobierno, vía la Comisión Nacional de Energía, ha remitido 14 textos normativos que quieren ser la reforma energética “definitiva”. En un ejercicio de falta de transparencia y participación pretenden que ciudadanos y consumidores aceptemos un despropósito de tal calibre. De ser finalmente validadas estas normas y leyes, nos harán retroceder al vagón de cola en cuestiones de energía. Por eso, Greenpeace y el resto de organizaciones ecologistas han hecho saber al Gobierno su rechazo frontal a la reforma. Desde Greenpeace vamos a seguir trabajando para devolver a España a la senda que lideró, y que ahora es seguida por países como Alemania o Dinamarca. Esto es, alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable lo antes posible.

 

La factura de la luz podría subir hasta un 50% en las viviendas con menos consumo, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la subida del precio de la luz será mucho mayor que la anunciada por el Gobierno, un 3,2%, y afirma que las viviendas con menos consumo podrían encarecer su factura hasta un 50%.

La OCU ha destacado en un comunicado que la reforma eléctrica presenta muchas incógnitas para el consumidor”, especialmente en la Tarifa de Último Recurso (TUR), contratada por la mayoría de los ciudadanos. Además, la organización ha enfatizado que prevé más subidas.

La más inminente, señala la OCU, es que entre las medidas para dejar de generar déficit los consumidores paguen un 3,2% más por las tarifas de acceso. Además, aclara que la subida será muy desigual entre los consumidores, porque junto a la subida anunciada se va a producir un importante cambio en la forma de cobrar esas tarifas de acceso.

Por un lado, el término fijo, lo que se paga por cada kW de potencia contratado, subirá hasta un 77%. A cambio, el precio del kWh bajará un 22%. Según la OCU, estos cambios implican que el importe fijo pesará más, perdiendo importancia los términos variables (la luz que se consume), por lo que avisa que “desincentivará el ahorro” y supondrá un “importante freno” para el desarrollo del autoconsumo.

Ante esta situación, la OCU ha aconsejado a los consumidores que revisen si la potencia contratada es adecuada. Hasta ahora, reducir un kW de potencia contratada suponía un ahorro anual de 28 euros, pero a partir de agosto, esta reducción podría suponer unos 40 euros.